Salut advierte que la falta de fondos por el Covid pone en riesgo el sistema sanitario

El sector sanitario público de Cataluña ha destinado 5.326 millones extraordinarios de los fondos Covid del Gobierno durante los dos últimos años para hacer frente a la pandemia. Pero Madrid ha cerrado ese grifo y las Comunidades Autónomas afrontan la complicada fase de recuperación de la actividad asistencial aplazada y el coletazo del coronavirus sin ninguna ayuda adicional.

No lo son, ni casi se los espera, y aunque el Departamento de Salud asegura que no habrá recortes de beneficios, expresa su grave preocupación. “Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, pero lo estamos poniendo en peligro”, advierte el subdirector del Servei Català de la Salut, Ivan Planas.

Si se toca fondo, escenario imprevisto, la primera acción sería aplazar los pagos a proveedores

La preocupación se extiende a los concertados, a los proveedores del Siscat (Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública), que representa el 65% del sistema sanitario público catalán y agrupa a 70.000 profesionales, calificándolo de “atentado contra el estado del bienestar”. la parálisis de los aditivos covid. La patronal y los sindicatos del Siscat coinciden en que no solo está en juego la calidad de la sanidad pública, sino también la paz social. Una preocupación comprensible en el sentido de que mientras la Generalitat insiste en que no habrá recortes en la sanidad, en el peor de los casos (que aún no se plantea) se retrasarían los pagos a los sanitarios. El pago de las nóminas de los profesionales (que suponen el 23,5% del presupuesto, un 2% más que el año pasado) está garantizado, afirman fuentes de Executiu.

El Servei Català de la Salut tiene un presupuesto de 10.316 millones de euros este año y estima que acabará gastando 13.800, una cantidad similar a la del año pasado mientras continúa el impacto del Covid. En 2021, gracias al fondo Covid (2.161 millones), la Generalitat registró su déficit más bajo en 15 años (0,33% del PIB), pero ahora debe volver a movilizar recursos excepcionales para la sanidad.

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“Es sorprendente”, dice Planas. “Este invierno hemos tenido la mayor ola de covid, todavía estamos dando la tercera dosis de la vacuna y es probable que tengamos que dar la cuarta. Nuevamente, para visitar los dormitorios… Tenemos un presupuesto, pero se necesitan fondos adicionales antes de fin de año porque cuanto mayor es el déficit, más cuesta pagar las cuentas”, continúa. “Es muy importante que el Estado reconozca que se necesita más dinero para la salud o que diga públicamente que esa no es su prioridad”.

Salut acusa al Gobierno de ampliar la oferta de servicios al mismo tiempo que recorta fondos, por ejemplo incluyendo la vacuna contra el herpes zoster, que en el caso de Cataluña se lleva 25 millones del presupuesto. Otro de los imprevistos de gran impacto este año es la subida de los precios de la energía, de la que los hospitales son grandes consumidores. Josep Maria Argimon estima que este año su ministerio pagará más de 200 millones de euros más por luz y electricidad que en la factura de 2019. “La situación que tenemos por delante es complicada, vamos a sufrir”, advertía el titular el mes pasado en RAC1 de Sanitat, y los precios no se han moderado. “Estamos siguiendo de cerca la evolución del mercado para asegurarnos de que los costos de energía no afecten el servicio al usuario”, explicó en ese momento Iván Planas. Pero a medida que aumenta la factura, “quizás tengan que dejar de hacer algunas cosas”, advirtió.

El ministerio asegura que no habrá recortes, pero tiene que solicitar al parlamento fondos adicionales

Argimon nunca pierde la oportunidad de denunciar la “infrafinanciación crónica” del sector de la salud y afirmar que el sector necesita crecer económicamente por encima de los aumentos promedio en los presupuestos regionales. Esto se acuerda a todos los niveles, desde las asociaciones profesionales hasta las organizaciones sindicales, incluidos los empleadores y los usuarios.

Según fuentes de Salut, la situación actual para reducir el impacto sanitario de la pandemia supone un ahorro para las arcas del Estado. El personal especializado existente es absolutamente necesario, al igual que los consumibles (tecnología de emergencia, equipos de diagnóstico), mientras aumentan el gasto energético, los salarios o las cotizaciones a la seguridad social, argumentan.

Iván Planas: “Que el Estado admita que hace falta más dinero o que diga que la salud no es su prioridad”

Aunque la precariedad económica es equiparable en todas las autonomías, reiteran que debido a la lealtad de muchos territorios a las políticas de los partidos de gobierno, no es fácil formar un frente común para exigir la calidad de la atención sanitaria.

Para el sector senior, principales usuarios de recursos sanitarios y asistenciales, el escenario es similar. El Gobierno acaba de levantar por real decreto las medidas económicas para albergues y centros de día, manteniendo el protocolo de actuación por el coronavirus.

La Asociación Catalana de Recursos Sanitarios, el Consorcio Social y Sanitario de Cataluña y la Unió Catalana d’Hospitals se han pronunciado: “En los dos últimos años hemos aumentado la plantilla de atención directa, hemos sectorizado nuestros espacios para conseguir una atención más personalizada, inflamos los medios y ahora no podemos deshacerlo todo. Un fondo extraordinario del gobierno es fundamental si queremos que se mantengan todas las medidas que estamos implementando y no tener que volver a los niveles de atención previos a la pandemia”.