Cataluña Covid Tratados | Una denuncia de fraude y una reclamación pendiente

A Pandemia y un mercado colapsado en el que todas las administraciones competían por materiales hasta entonces poco demandados. Ante esta ecuación, las autoridades decidieron reducir los trámites burocráticos y normalizar la contratación rápida. Que Generalitat de Cataluñacomo el resto de administraciones, contratos de reparto que, después de más de dos años, han sido objeto de escrutinio por parte de los reguladores y han puesto de manifiesto pagos indebidos e incumplimiento de normas en algunos contratos.

El 19 de marzo de 2020, solo cuatro días después del inicio del estado de alarma, la Generalitat firmó un acuerdo de 60,5 millones de euros con la empresa dispositivos básicos, que se presentó como importador de productos chinos. El pedido incluía dos millones de mascarillas FFP2 (a 3,5 € cada una), dos millones de mascarillas para cirugías de alto riesgo (a 1,21 € cada una) y otros dos millones de prendas de bio-riesgo (a 24,2 € cada una). En la misma compra se incluyeron 50 ventiladores por 20.570€ y otros 50 ventiladores mecánicos no invasivos por 31.853,25€.

Al día siguiente, el Ministerio de Economía presentó un Pago por adelantado de 35 millones de euros. Sin embargo, pocas horas después, luego de una advertencia de las instituciones financieras, funcionarios del ministerio acudieron al Mossos d´Esquadra para denunciar intento de fraude. Pues la administración catalana se fijó en estos dispositivos básicos de los que es administrador único José María Parellada Ripoll, No pudo cumplir el contrato porque nunca antes había manejado tanto dinero. El caso dio otro giro tres días después cuando la Generalitat retiró la denuncia porque el contratista había aportado documentación “suficiente”. En cualquier caso, el 5 de mayo, el Institut Català de Salut (SCI) modificó el contrato a la baja y lo limitó a 35 millones de euros para igualar la cantidad esperada.

La entrega se realizó según lo previsto y todo el material llegó a Cataluña el 3 de diciembre de 2020, pero el Oficina Anti-Mujer de Cataluña (OAC) inició una investigación y encontró que antes de esta adjudicación no había “referencias previas objetivas” a esta empresa, que en el momento en que se adjudicó el contrato a la empresa se le pudo haber prohibido participar porque no estaba en el Registro de Empresas Registradas. Seguro Social, que no hubo protección legal para el pago anticipado y probablemente se impuso un impuesto sobre las ventas inapropiado debido a un cambio en la ley tributaria. Por todo ello agradeció la actitud”implacable“.

Preguntado al respecto, el ICS destaca que este expediente fue analizado por la Sindicatura de Comptes sin encontrar irregularidades y justifican la adjudicación porque “era necesario asumir estos riesgos dada la gravísima situación y la falta de material de protección”. El mayor riesgo fue no tomar ningún riesgo. No se requiere ninguna acción correctiva desde el final de la situación excepcional”, enfatiza la agencia.

7,91 millones por la devolución

Que Sindicato de Comptes si apreciado pagos indebidos por valor de 7,91 millones de euros de ICS a una empresa extranjera a la que encargó mascarillas respiratorias. La empresa en cuestión es Tecnología Innjoo con Chen Shouting como único administrador, según consta en el registro mercantil y según Sindicatura, “su objeto social no comprende la actividad contractual”.

La adjudicación se firmó el 27 de marzo y se encargaron 500 ventiladores portátiles para niños y adultos a un coste de 30.000 euros sin IVA, por un total de 15 millones de euros. El ICS no disponía de la licencia de importación de productos sanitarios expedida por la Agencia Española del Medicamento cuando se firmó la compra -se obtuvo el 6 de abril- y se procedió a la compra.

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En ese momento surgió una deuda porque, según informa la Tesorería de la Generalitat, “el sistema informático utilizado para liquidar las facturas contra el importe de los anticipos recibidos y Al proveedor se le pagó incorrectamente 7,91 millonesen lugar de compensarlo con el anticipo concedido”.

En sus alegatos, la ICS aborda la “situación de absoluta excepción” en la que se dictó la orden. La Generalitat exigió por correo el importe de esta deuda pendiente al proveedor y aún no lo ha recibido, según fuentes del Ministerio de Economía.