Castilla-La Mancha gastó 241 millones de euros en contratos de emergencia por el COVID-19

El Tribunal de Cuentas ha aprobado un nuevo informe sobre los contratos de emergencia implantados a causa de la pandemia del COVID-19, en esta ocasión relativos a los contratos celebrados en las comunidades y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio. Aunque Castilla-La Mancha ya tiene su propia Cámara de Cuentas (la antigua administración concursal fue suprimida por el gobierno del PP), la Audiencia Nacional sigue examinando ejercicios contables anteriores.

Esta es la quinta auditoría específica sobre contratación de emergencia de las siete previstas por el Tribunal de Cuentas, que también elaborará un informe global, pendiente de aprobación en 2023, que pretende resumir los principales resultados del análisis sobre todos los ámbitos sectoriales y territoriales .

El informe aprobado por el pleno concluye, a partir de la información recabada por el Tribunal de Cuentas, que las regiones auditadas han suscrito 8.855 contratos de emergencia relacionados con la pandemia provocada por la crisis sanitaria, por un importe total de 576 millones de euros.

Castilla-La Mancha adjudicó 241 millones de euros, de los que 220 millones de euros fueron contratos de suministro. De ello, 174 millones de euros se destinaron a atención médica y en concreto 100 millones a mascarillas. El precio del quirúrgico estuvo entre 0,39 y 0,26 euros, el del FFP2 entre 2,20 y 0,80 euros.

contratos modelo

Para esta auditoría, el Tribunal de Cuentas examinó una muestra de 421 contratos por un importe de 406 millones, número que representa el 70% del importe total de los contratos de emergencia relacionados con el COVID-19 en las Comunidades y Ciudades Autónomas auditadas.

En la mayoría de los casos, el objeto de los contratos auditados estaba directa o indirectamente relacionado con la adopción de medidas para hacer frente a la situación sanitaria provocada por la pandemia, con un número reducido de contratos (39 de un total de 421 auditados, el 9% de los muestra) donde se han identificado Incidencias relacionadas con la justificación.

En cuanto a los plazos de inicio de ejecución de los contratos ejecutados en procedimientos acelerados, se constató que un número reducido de contratos (3% de la muestra) presentaban incumplimientos superiores a un mes desde la declaración de emergencia hasta el inicio de su ejecución.

El Tribunal recuerda que siempre que sea coherente con la atención de la urgencia a resolver o, en su caso, la causa de la urgencia, la buena práctica exige la creación de un expediente de contratación, lo que se ha hecho en la mayor parte de las veces.